La tutela jurídico-administrativa de la funcionalidad del patrimonio arqueológicodominio público y control administrativo de las actividades arqueológicas

Resumen

La tesis analiza las dos técnicas jurídicas más características en la tutela del Patrimonio Arqueológico: la declaración de dominio público de los hallazgos de bienes culturales y el control administrativo de las actividades arqueológicas. La acción de los poderes públicos sobre el Patrimonio Arqueológico encuentra su fundamento en el principio rector del artículo 46 de la Constitución, que se integra entre los contenidos propios del Estado social, y está sujeta al reparto de competencias que diseñan la Constitución y los Estatutos de Autonomía sobre el Patrimonio Cultural, caracterizado por la concurrencia del Estado y de las Comunidades Autónomas. La Ley 16/1985, de 25 de junio, Patrimonio Histórico Español (en adelante LPHE) define el Patrimonio Arqueológico por la aplicación de la metodología arqueológica para la investigación de estos bienes. Esta configuración normativa orienta la acción de tutela, de modo que se garantice que los bienes arqueológicos cumplan con su específica función como sustrato material para el desarrollo de actividades de investigación. El ingreso del dominio público de los bienes arqueológicos tras la LPHE constituye, en origen, una medida dirigida a desincentivar las búsquedas clandestinas de objetos arqueológicos. En la tesis se defiende una reinterpretación de esta técnica que ponga el acento en su papel para asegurar que se completa el proceso de investigación arqueológica, frente a otras interpretaciones que ponen el acento en la acumulación de bienes en manos públicas. El régimen actual de las actividades arqueológicas se caracteriza por el control preventivo medíante autorización de cualquier operación. Se postula la necesidad de diversificar los instrumentos de intervención, reservando la autorización a las actividades arqueológicas que afecten la integridad física del Patrimonio Arqueológico.