La represión económica en la provincia de Huelva durante la Guerra Civil Española y la Posguerra (1936-1945)

Resumen

La presente tesis tiene como objetivo el estudio de la "represión económica" ejercida por el bando nacional durante la Guerra Civil Española y la posguerra, centrada en el caso concreto de la provincia de Huelva, un ámbito geográfico poco estudiado hasta la fecha. Durante décadas, los estudios sobre la represión política se han concentrado principalmente en la coerción física, dejando de lado otras modalidad menos visibles como la represión económica, definida como aquella en la que sus víctimas sufren represalias de tipo pecuniario, ya sea mediante multas, confiscaciones o depuraciones laborales. En los últimos años la nueva actitud de las instituciones y de la sociedad civil ha permitido diversos avances en la investigación historiográfica, que hoy nos permiten tener suficiente perspectiva sobre el tema. Los nacionales buscaban asfixiar a la sociedad civil con el fin de instalar un régimen totalitario en España; para ello utilizaron diversos instrumentos, entre los cuales las represalias económicas ocuparon un lugar destacado. Éstas cumplían una doble misión: por un lado, servían para financiar los gastos de la guerra del bando rebelde, y por otro suponían una eficaz herramienta de castigo contra la disidencia. Paralelamente a la coerción física, en la provincia de Huelva se desarrollaron durante los años de guerra diversas oleadas de represión económica contra los desafectos al Movimiento Nacional, ya fuera mediante multas o confiscaciones de bienes, tanto en metálico como en inmuebles, enseres, animales de granja, cosechas, etc. Aprovechando el caos de los primeros meses de conflicto tuvieron lugar las llamadas confiscaciones "espontáneas", realizadas de manera completamente irregular por las tropas, las autoridades locales o simples desaprensivos. Más adelante las incautaciones se normalizaron utilizando diversas fórmulas legales, entre ellas el llamado Edicto de Confiscación de bienes, y quedaron reguladas por instituciones como la Comisión Provincial de Incautaciones. Ya en la posguerra se creó una nueva normativa que completaba y perfeccionaba las anteriores: la Ley de Responsabilidades Políticas, que preveía multas en metálico, inhabilitación pública y penas de destierro para todos aquellos incluidos en sus supuestos condenatorios. Asimismo, tuvieron lugar duras represalias laborales y depuraciones profesionales contra los vencidos y sus familias, siendo además muchos de ellos castigados con trabajos forzados. La represión económica supuso toda una catástrofe para Huelva. Contribuyó a retrasar la recuperación económica de la provincia hasta los años 60, arruinó a familias enteras, condenándolas a la miseria y al hambre, y prolongó durante décadas los estigmas sociales del conflicto, impidiendo una verdadera reconciliación nacional. Sus consecuencias son visibles incluso hoy.