Política de la memoria y memoria de la política. Una reflexión sobre la memoria histórica en Andalucía

Resumen

Hace ya más de una década que se están poniendo en marcha diferentes iniciativas para desarrollar una política pública de memoria en Andalucía con objeto de profundizar en el conocimiento de la dimensión de la represión franquista y la reparación de las víctimas y de sus familiares. Ayuntamientos, diputaciones, entidades sin ánimo de lucro, universidades, sindicatos y, sobre todo Junta de Andalucía han desarrollado una labor continuada desde el año 2000. De este modo, este trabajo de investigación pretende realizar un balance de las políticas de memoria llevadas a cabo en los últimos años en Andalucía centrándose en las actuaciones de la administración autonómica. Unas actuaciones que han girado entre el estudio histórico a través de las nuevas perspectivas teóricas desarrolladas en los últimos años con la aparición de novedosos proyectos e investigaciones, la puesta en marcha de iniciativas políticas de carácter legislativo centradas en el establecimiento, en el caso andaluz, de un marco normativo complementario a la conocida popularmente como Ley de Memoria Histórica y la atención a las demandas del movimiento memorialista que requiere una mayor implicación de la administración. De aquí el título de este trabajo de investigación Política de la memoria y memoria de la política. Una reflexión sobre la Memoria Histórica en Andalucía que pretende hacer un recorrido por las políticas de memoria llevadas a cabo en Andalucía, centrando el análisis en las actuaciones más relevantes en cuanto a su puesta en marcha, desarrollo y consecuencias. En el caso de Andalucía se han producido, ininterrumpidamente desde el año 2000, una serie de normas en relación a la memoria histórica que han permitido un desarrollo de las políticas públicas solamente comparable al caso catalán. Aunque algo erráticas y muchas veces desarrolladas sin un consenso amplio, podemos decir que el conjunto de iniciativas memorialistas llevadas a cabo en la región andaluza por parte de la administración andaluza, donde la represión franquista fue absolutamente paradigmática, constituyen un interesante objeto de estudio debido a su cantidad y diversidad. Investigaciones, publicaciones, indemnizaciones, homenajes y rehabilitaciones de personajes fundamentales o la construcción de espacios memoriales a través de la incentivación de la monumentalización de las fosas son algunas de las iniciativas que podemos encontrar en el haber de la Junta de Andalucía. La política de exhumaciones, la imposibilidad de desarrollar consensos políticos y la excesiva dependencia del mayor o menor interés de los responsables políticos de los órganos administrativos que en cada momento han dirigido las políticas públicas de memoria, son algunos de los aspectos en torno a este tema que podemos situar en él debe del gobierno autonómico andaluz. Todo este acervo normativo, desarrollado desde el año 2001, cuando se publica el primer decreto de indemnizaciones a expresos políticos represaliados por el franquismo, hasta el último decreto publicado en el año 2012 sobre lugares de memoria, así como el conjunto de actuaciones en las que de una u otra manera ha participado la Junta de Andalucía pretenden ser analizadas a lo largo de este trabajo de investigación. Para el análisis de las políticas de la memoria desarrolladas en Andalucía hemos establecido tres capítulos que profundizan en tres aspectos esenciales: -El primer capítulo hace balance de todas las iniciativas desarrolladas con apoyo o directamente por la Junta de Andalucía que se han llevado a cabo en Andalucía desde el año 2000 al margen de las actuaciones en fosas comunes que estudiamos en el segundo y tercer capítulo. De este modo, se abordan las políticas públicas llevadas a cabo en España en relación a las reparaciones económicas como consecuencia de la guerra civil y el franquismo desde 1978 hasta la actualidad, incidiendo especialmente en el caso andaluz como paradigma de una reparación efectiva en el aspecto indemnizatorio en concreto. A continuación dedicamos un apartado amplio a todas las iniciativas y proyectos impulsados por la administración autonómica o realizados en colaboración con otras entidades públicas. El último apartado de este primer capítulo está dedicado en exclusiva a la orden de subvenciones de la Junta de Andalucía tiene operativa desde el año 2004 por medio de la cual se han patrocinado cientos de investigaciones, publicaciones, jornadas o se han construido monumentos de memoria a los ayuntamientos, entidades locales, sindicatos y universidades. - El segundo capítulo de este trabajo está dedicado en exclusiva a un aspecto fundamental para entender el desarrollo del proceso memorialista en Andalucía; las exhumaciones de fosas comunes de la guerra civil y el franquismo. Así, lo que hacemos en este capítulo es, no solo censar desarrolladas por parte de la administración autonómica, sino que plasmamos el total de las exhumaciones llevadas a cabo en Andalucía desde el año 2000 sea cual sea su impulsor (ayuntamientos, familiares, entidades etc.). De la investigación realizada en relación a las exhumaciones de fosas en Andalucía se desprenden conclusiones muy interesantes que pueden servir de base para futuros proyectos de investigación y que intentamos abordar aunque solo sea de manera muy breve. El análisis de estos datos nos ha permitido establecer un balance de lo hecho y de lo que puede quedar por hacer en relación a las exhumaciones en cada una de las provincias andaluzas. - Tras el estudio de las actuaciones llevadas a cabo en Andalucía, en relación a las exhumaciones de fosas comunes de la guerra civil y de la represión franquista, en el tercer y último apartado del trabajo de investigación analizamos el patrimonio memorial andaluz y las políticas públicas de memoria emprendidas para solemnizar, dignificar y preservar los espacios de duelo ocasionados por la guerra civil y la represión franquista. Para esta tercera parte es imprescindible la relación fichas de los monumentos andaluces y de los espacios de memoria que se recogen en los anexos donde se presentan 205 fichas individualizadas y provincializadas de los monumentos que se han podido identificar en la investigación. Cada una de esos monumentos se presenta, como hemos dicho, en forma de ficha con información sobre la localización, el año de construcción, una sencilla descripción y una imagen asociada. A través de cada una de estas fichas y de los cuadros y tablas resumen que también se pueden consultar en los anexos hemos querido presentar una especie de sencillo catálogo de los espacios de memoria que existen en Andalucía. Dichos espacios son, por desgracia, muy poco conocidos y han pasado desapercibidos para la mayoría de la sociedad pero suponen por su cantidad y por su relevancia un patrimonio memorial único que hay que proteger y que difundir. A través de estos tres grandes apartados se pueden seguir el desarrollo de lo acontecido en relación a las políticas de memoria en Andalucía en los últimos catorce años, para concluir que es muy complicado hacer un balance de conjunto debido a la desigual incidencia de las mismas. Así, podemos decir que Andalucía ha desarrollado una política de memoria estable que ha ido mejorando y ampliándose con el tiempo y que ha respondido a una parte de las demandas del movimiento memorialista. Pero no es suficiente y la conclusión más destacada que debemos extraer de este trabajo de investigación es que queda mucho por hacer y hay mucho que mejorar. Es imprescindible hacer más visible lo hecho y hay que censar todas las actuaciones realizadas. Se necesitan debates abiertos y jornadas de reflexión sobre lo hecho: el objetivo es poder ir avanzando hacía nuevas perspectivas y que los presupuestos destinados a las políticas de memoria no sean lo primero que se recorta en un momento de crisis como el actual. Es necesario abrir con rigor nuevos proyectos de investigación con las universidades, con los historiadores, con los investigadores locales y con las asociaciones. El camino abierto por la sociedad civil fundamentado en las reclamaciones de verdad, justicia y reparación de las víctimas y sus familiares ha sido recogido en parte por los gobiernos autonómicos andaluces desde el año 2000 que, no sin dificultades y contradicciones, han desarrollado una política de memoria. Y esto ha abierto un proceso imparable donde ha sido clave la visibilidad de las víctimas y de sus familias. De modo que las políticas desarrolladas por la Junta de Andalucía, al amparo de un conjunto de órdenes y decretos, han permitido el apoyo económico y el asesoramiento técnico de la Administración autonómica en más 500 proyectos de investigación, publicación, divulgación o construcción de lugares de memoria desde el año 2000. En definitiva, se han creado unas herramientas legislativas y administrativas esenciales para el desarrollo de unas políticas de memoria necesarias y efectivas.