La fiscalidad de la financiación de las sociedades

Resumen

Uno de los principales problemas que se puso de manifiesto a partir de la crisis acontecida en 2008 fueron las dificultades a las que se enfrentaron las empresas para tener acceso a financiación. A ello se unió que, a nivel agregado, las tasas de endeudamiento de las sociedades no financieras crecieron de manera destacable durante tal periodo. Una circunstancia que puso de relieve la vulnerabilidad de este sector institucional ante periodos de recesión y que ha requerido de un proceso de desapalancamiento societario. Una situación que potenció, adicionalmente, la búsqueda de cauces alternativos de financiación más allá de los hasta entonces empleados. En este contexto, ha de remarcarse la existencia de un entramado de normas fiscales que condiciona la elección de las fuentes de financiación y que puede desviar la selección natural de las sociedades, basada, principalmente, en factores económicos. Una distorsión que presenta como uno de sus orígenes el tratamiento dispar otorgado en el marco tributario a la financiación con deuda y con capital. Por consiguiente, se ha considerado de interés analizar cómo la regulación fiscal incide sobre las diferentes alternativas de financiación de las sociedades, lo que puede condicionar la elección de las propias entidades hacia unos recursos u otros. Un estudio que se considera interesante desde una visión global. Esto es, no solo en relación con los productos tradicionales de financiación y la divergencia fiscal otorgada a la regulación de la deuda y del capital, sino también sobre aquellas otras alternativas que, en mayor medida, están siendo empleadas por las sociedades españolas en los últimos años y que permiten una diversificación de las fuentes de financiación. No cabe duda que conocer cómo incide la fiscalidad en la elección de las fuentes de financiación de las sociedades y en qué medida lo hace, y si el diseño de las normas tributarias se adapta a las tendencias supranacionales y cumple con los fines perseguidos para su aprobación y con los principios constitucionales, permite conocer mejor la posible conducta de los contribuyentes y ayuda a plantear propuestas de mejora para la regulación de un impuesto sobre sociedades que luche contra las prácticas abusivas, que sea más sencillo en su aplicación y que, bajo el cumplimiento del principio de neutralidad, proporcione una tributación justa para las sociedades.